UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Una de las dudas más dolorosas que atraviesan a las personas, que inician un proceso migratorio, es no saber si van a volver a ver a sus padres con vida. Más allá de cuestiones económicas, para muchas de ellas, no tener papeles es un muro infranqueable que aviva esa posibilidad, ante el temor a no poder regresar al país de acogida. “Afortunadamente, pude ir a cogerles de la mano cuando murieron”, relata Vicky.  Lo hizo gracias a la regularización extraordinaria que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2005.  No fue un proceso sencillo, tampoco la panacea, pero a esta argentina que llegó a España en 2001, en pleno corralito, le permitió caminar por la calle sin temor a ser deportada. “El que no pasó por una situación de miedo a que te paren no sabe de qué estamos hablando”, asegura.  La de Vicky es solo una de las más de 600.000 historias marcadas por aquella medida, que sindicatos, colectivos de personas migrantes, Sumar y Podemos y una iniciativa legislativa popular quieren emular casi 20 años después.  La suma de ellas ya contribuyó entonces a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Según un estudio publicado por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.  El número de extranjeros afiliados se disparó en 2005 con la regularización extraordinaria de Zapatero. Uno de los requisitos por aquel entonces era contar con un contrato de trabajo durante los seis primeros meses. “Hubo un primer efecto estadístico sobre los registros de la Seguridad Social y aumentó muchísimo el volumen de ocupados”, comenta el economista de Economistas frente a la crisis, Antonio González, que ocupó la secretaría general de Empleo entre 2006 y 2011.   ¿Qué impacto tuvo entonces la regularización masiva en el mercado laboral? “Al cabo de dos años, seguían en el sector formal más de la mitad de inmigrantes”, indica el catedrático de Economía de la UPF y autor del artículo sobre los efectos de la medida Joan Monrás. Además, en términos generales, en su trabajo sí apreciaron cambios en la vida laboral de las personas afectadas. “Se ve cómo se movieron a empresas más grandes, con mejores salarios y tienen una evolución positiva”, indica. “Aunque la regularidad administrativa te ofrece la tranquilidad de que no te expulsen ni te multen, de la explotación laboral no te libra nadie”, lamenta Vicky. “Yo nunca tuve el trabajo que tienen los locales, me pedían los papeles pero no me aseguraban o lo hacían por menos horas de las que trabajaba”, señala. Con todo, ha podido cotizar 15 años de los 23 que lleva trabajando en España.  El pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados apoyó la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes, se estima que medio millón, que ya viven y trabajan en España.

Lo hizo con el único voto en contra de Vox, lanzado en su discurso contra las personas migrantes, pese a que diferentes organismos e instituciones, nacionales e internacionales, advierten ya de la necesidad de flujos migratorios que compensen la baja natalidad, el valle demográfico y las vacantes. Según el informe Esenciales 2022, de la Fundación porCausa, cada inmigrante regularizado favorecería al Estado con una aportación fiscal neta media estimada de 3.500 euros al año. En total, según los cálculos de esta organización, serían entre 790 y 950 millones de euros al año. Por poner un ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales repartirá este año 783 millones entre las comunidades autónomas para financiar el sistema de atención a la dependencia. “Hablamos de personas y, en cuanto a su vida, el impacto es positivo. Si nos centramos en la parte económica, lo que sabemos de otras experiencias es que, evidentemente, quienes ya están aquí suelen trabajar en el sector informal o en trabajos no declarados. Al regularizarse su situación, al menos un 60% consigue un trabajo regular que aporta unos recursos a la seguridad social que, de otra forma, no se darían”, señala el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. El experto señala otro posible efecto positivo de la medida en la población autóctona. Quienes se aprovechan de la situación de irregularidad de las personas migrantes tiran hacia abajo de las condiciones laborales. “Al regularizarse, mejora las condiciones de todos en los sectores con mayor presencia”, razona. El economista y estadístico Francisco Melis indicaba en este análisis que la regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones de euros al año. Según la simulación del equipo de datos de elDiario.es, con 100.000 nuevos hipotéticos cotizantes percibiendo el salario mínimo interprofesional, las arcas del Estado se engrosarían con 587 millones al año. Sí fueran 400.000, serían 2.346 millones. En el caso español, una regularización masiva supondría un balón de oxígeno para capear las jubilaciones de la generación del baby boom. “Un nuevo proceso que permite tener un cálculo más realista del Producto Interior Bruto y eleva los ingresos por cotizaciones supone un menor ratio del gasto en pensiones durante los próximos años”, explica Antonio González. “No (es positivo) solo por el impulso inicial de la recaudación, también respecto a la población en edad de trabajar respecto a la jubilada, en edad de tener hijos”, añade Torres, que pide no confiarse porque las personas migrantes suelen adaptarse a las dinámicas demográficas de los países de acogida. “Para hablar sobre las pensiones tenemos que analizar si el país es capaz de darles oportunidades, posibilidades de desarrollo, si se dan políticas familiares o acuerdos para que puedan volver a los países de origen”, considera Monrás. De hecho, uno de los colectivos más beneficiados con al regularización de 2005 fue el de las empleadas del hogar, con salarios bajos y con menos derechos que el resto de la clase trabajadora. Como puede verse en el siguiente gráfico, entonces un 30% de las nuevas afiliaciones les correspondían a ellas. Que regularicen, pues, vistos los resultados de la regularización de Zapatero, no hace falta que esperen más tiempo. Una regularización extraordinaria de migrantes aumentaría la recaudación fiscal y daría oxígeno a las pensiones. Los migrantes sin papeles que ansían la regularización masiva que debatirá el Congreso, quieren trabajar sin miedo, y uno añadiría que cobrando un salario no discriminatorio, aunque no les guste a los de VOX.  David Noriega-Raúl Sánchez en el diario.es