ESTA MUERTA ESTÁ MUY VIVA

Hay historias surrealistas y luego está la de Elisabet Oliver. Esta barcelonesa, de 52 años, perdió a su padre el pasado 28 de mayo. Alfons murió en Manresa a los 78 años en el hospital Sant Andreu, de ahí que hicieran los trámites en el Registro Civil de esta localidad para inscribir su defunción. ¿El problema? Por error, certificaron la suya también, como explica en la carta que envió a La Vanguardia y que fue publicada ayer. Por entonces no lo sabía, pero era el inicio de un periplo que justo ha acabado esta semana.

¿Cómo supo que administrativamente estaba muerta? A principios de julio, recibió una llamada de la compañía que gestiona las nóminas de su empresa. Habían recibido una incidencia de la Tesorería General de la Seguridad Social y el problema guardaba relación con la cotización de una persona que constaba como difunta en el registro civil. Resultó ser que la muerta era ella. “No me lo creía", confiesa.

A partir de ahí, empezó a tirar del hilo. Lo primero que hizo fue acercarse hasta el Registro Civil de Barcelona, donde reside. “Fui sin cita previa porque era imposible conseguir una”. Después de suplicar a los guardias de seguridad que la dejaran pasar, consiguió hablar con un joven que le confirmó lo que se temía: constaba como difunta. El mismo trabajador le dijo que tendría que acudir ella misma al Registro Civil de Manresa porque intentaba comunicarse con ellos y no le cogían el teléfono.

Fue entonces cuando pidió ayuda al gestor que le había tramitado la certificación de defunción de su padre. Ahí supo que días después de haberla dado por muerta, el Registro Civil de la capital del Bages había cancelado su defunción al darse cuenta del error, y el gestor pidió una copia del documento de cancelación. Con el escrito, volvió al Registro Civil de Barcelona y otra vez sin cita previa -“es imposible obtener una”-, con lo que tuvo que suplicar nuevamente en la puerta que la dejaran entrar. Localizó al trabajador que la había atendido el primer día y este le informó de que, además del documento de cancelación, necesitaba un certificado de fe de vida. “Me dijo que volviera otro día, que preguntara por una persona concreta y que me lo expedirían”.

Con ambos documentos, y a mediados de julio, se personó en una administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y sí, los vigilantes no la dejaron entrar. Tuvo que explicarles, “delante de las personas que esperaban frente al edificio”, que constaba como difunta. “Imagínate cómo me miraban”. Al final, consiguió ablandar su corazón y, una vez dentro, un trabajador pareció solucionarle el problema. “Suerte que no está cobrando una pensión, porque habría dejado de percibirla”, le dijo.

“Suerte que no está cobrando una pensión, porque habría dejado de percibirla”. Creyendo que todo estaba arreglado, se marchó. Pero solo fue otro espejismo. Días más tarde, intentó acceder a la página web del CatSalut sin éxito, por lo que acudió a su CAP. Allí le confirmaron sus peores presagios: estaba dada de baja por defunción. Y lo peor: no se lo podían solucionar. En ese momento fue consciente de que, “aún estando en el mismo edificio”, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "no se comunican entre ellos ni comparten información”.

No tuvo otra que volver a faltar al trabajo para realizar la enésima visita a la sede de un organismo institucional, en este caso el INNS, y, como en las anteriores, sin cita previa. Sobra decir que tampoco la dejaron entrar. Tras otra retahíla de súplicas, una funcionaria le dijo que estaba todo bien, a lo que ella respondió que lo dudaba. Al final, le facilitaron un número de teléfono al que llamar donde, le aseguraron, le darían cita para otro día.

Ahora sí con cita, y estando ya en el mes de octubre, se personó en el INNS el día estipulado. La funcionaria que la atendió en teoría le resolvió el entuerto. Pero, de nuevo, fue otro espejismo, y ya iban unos cuantos. Cuando volvió al CAP, le explicaron que seguía constando como difunta y que tenía que acudir de nuevo al INNS para que le expidieran un documento que certificara su derecho a recibir asistencia sanitaria. Con una paciencia fuera de lo común, hizo religiosamente de nuevo lo que le pidieron y volvió al CAP con el documento en mano. ¿Quedaba ya el asunto zanjado? No. Le comunicaron que ellos no podían hacer la modificación y que tendría que esperar unos días.

Ya con la mosca detrás de la oreja (y con razón), este miércoles volvió a ausentarse del trabajo para dirigirse al Institut Català de la Salut. La recibieron, la escucharon y… la volvieron a derivar a otro lugar. “Me dijeron que tenía que ir al Servei Català de la Salut, que mi CAP dependía de este organismo”. Ahora sí, consiguieron eliminarle del sistema la fecha de defunción. Finalmente, volvía a la vida administrativa. La terrenal, afortunadamente, no la ha abandonado nunca, aunque ha podido estar en riesgo después del periplo por el que la han hecho pasar. - Josep Fita Periodista, lavanguardia.com

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