GOBIERNOS ABUSIVOS

Prohibiciones. Son el signo de los tiempos. Culpabilizar, culpabilizar y culpabilizar. Del lejanísimo y utópico “prohibido prohibir” que enarbolaban los ancianos del presente cuando fueron jóvenes, al “prohibámoslo todo”; no sea el caso que quede un agujero de libertad a través del cual el engranaje del mundo se vaya al garete. El individuo es culpable y como tal hay que tratarlo. Su reeducación y reinserción pasa por acomodarlo forzosamente al redil. Sucede, claro, que las reglas atañen principalmente a quien el carácter impele a cumplirlas.

Gobiernos y administraciones cuentan con afinadísimas máquinas punitivas para reprimir y castigar las faltas administrativas o para cargar en las espaldas del ciudadano común continuamente obligaciones de nuevo cuño. La prioridad del leviatán es el grueso de los mortales. Gente buena y dócil que asume, con gusto o sin él, la obligación de pasar por un aro cada vez más estrecho. Ciudadanos con nombre y apellidos que renuevan su DNI cuando toca y que cuando reciben una carta certificada remitida por la Administración temen por las consecuencias de lo que sea que hayan hecho mal y se desviven por enmendar su pecado.

En los márgenes de ese grueso poblacional que se porta bien se admite la excepción. Es más fácil y rentable para un gobierno perseguir al ciudadano que más o menos mantiene sus asuntos en orden que al ladrón multirreincidente. En el bus o en el tren vive mejor el carterista que el ciudadano olvidadizo que no ha renovado su abono mensual. La multa al segundo tarde o temprano se cobrará –siempre que forme parte del grupo poblacional al que se le puede embargar algo–, mientras que el primero se irá de rositas. Para la policía siempre será más fácil –y más rentable para la Sdministración– abordar y multar a un fumador en la playa –¡oh, qué delito!– que desmantelar un piso que actúa como centro de distribución de estupefacientes.

Pero que la mayoría aceptemos las decisiones coercitivas de los gobiernos –y que muchos ciudadanos incluso las celebren– no las hace buenas. Y por supuesto tampoco justas. El gobernante democrático ha tendido con el tiempo a acentuar su carácter abusivo. Amparado en el bien común y el interés general, pisotea y achica sin disimulo espacios de privacidad decisoria del ciudadano. De Bruselas a los ayuntamientos, pasando por ejecutivos nacionales y regionales, buena parte de la telaraña administrativa está pensada para atrapar a los ciudadanos, no para protegerlos y menos todavía para defenderlos.

Tenemos encima de la mesa ahora un caso que clama al cielo. La progresiva prohibición de circulación de vehículos. Coches con limitaciones ya presentes y otras a la vista por supuestamente contaminar demasiado. No hablamos desde el plano teórico. Aporto aquí alguna casuística de mi circulo personal de amistades de los miles que podrían listarse. Un Audi 6 Avant TDI matriculado en el año 2010 o un WV Passat 2-0 TDI del año 2006. Coches bien mantenidos, con carrocerías impecables y motores que todavía tienen una larga vida por delante gracias al carácter diligente y ahorrador de sus propietarios, un payés de la Terra Alta y un comercial del Baix Llobregat.

¿Quiénes son los gobiernos para obligar a esta gente a gastar su dinero –lo tengan o no– en un nuevo vehículo? Castigar al ahorrador, al verdadero ecologista que no sucumbe a la tentación del consumo sin freno o, peor aún, señalar a quien no tiene bolsillo para plantearse una alternativa. Eso es lo que están haciendo gobiernos y administraciones.

¡Es para que respiremos mejor! A otros con este cuento. Por ejemplo, ¿cómo pueden celebrar los gobiernos récords de viajeros y turistas llegados en barcos y aviones y al mismo tiempo extorsionar al ciudadano que mantiene –por decisión propia o por necesidad– un coche de hace veinte años? La repuesta es obvia. Ese ciudadano es una presa fácil. Pero hay una palabra para quien es fuerte con el débil y débil con el fuerte: abusador y cobarde. El acento de los gobiernos del presente. - Josep Martí Blanch