Los partidarios de fomentar la guerra intergeneracional han acumulado munición con la noticia del aumento de las pensiones y los avisos de la OCDE pidiendo que se reformen. Sigue candente la discusión sobre si las pensiones serán sostenibles en el futuro, como dice el Gobierno, o tendrán que desviarse fondos de otros partidas, como apuntan los críticos. Reescribiendo aquellos carteles de “No disparen al pianista” de los viejos westerns, podríamos recomendar no cargar la culpa de los problemas de los jóvenes a los pensionistas.

Si en los salones de los antiguos westerns de Hollywood asomaban carteles pidiendo al respetable, los ásperos cowboys, que no dispararan al pianista, ahora podríamos encargar a la imprenta algún rótulo rogando que no le cargaran al pensionista toda la culpa de los problemas de las generaciones jóvenes. Puede que a veces España parezca que no es país para jóvenes, pero convertir aquella lucha de clases, ahora aparentemente ya pasada de moda, en lucha de generaciones no parece la mejor receta.

En cualquier caso, la semana pasada los partidarios de esta guerra pudieron acumular munición con una noticia y dos advertencias sobre las pensiones. La noticia fue que el incremento de las prestaciones por jubilación para el próximo año será del 2,7%, de acuerdo con el sistema tan apreciado por algunos como criticado por otros de indexar su subida con la inflación. Sin embargo, aquí se puede precisar que este aumento de los pensionistas queda por debajo del que han tenido los salarios a lo largo del 2025, que a lo largo del año se ha situado en el 3,5%, según la estadística de octubre de los convenios colectivos. Lo digo por la comparativa que se suele querer establecer entre el mantenimiento de poder adquisitivo de unos y otros.

Y los dos avisos llegaron de la mano de sendos informes de la OCDE, reclamando un recorte en las prestaciones de las pensiones. Este organismo se sumó a los agoreros de la insostenibilidad del sistema de pensiones, con la incógnita de si actúa como Casandra, castigada con el don de unas profecías siempre acertadas pero que nadie va a creer; de si será el augur convincente que llevará a una reforma del sistema para afrontar el envejecimiento de la población; o bien, de si se trata de un sabio equivocado y sus previsiones no son las correctas, como argumenta la Seguridad Social española.

Troya cayó por no escuchar a Casandra, pero las pensiones españolas, si por un lado reciben críticas y demandas de reformas, por otro lado, lo cierto es que en los exámenes oficiales aprueban, aunque sea por la mínima, con quejas del tribunal examinado e incluso, con alguna acusación de supuesta ayuda arbitral (del Gobierno en este caso). Y en las pensiones todavía no se ha incorporado el VAR.     

Empecemos por el aprobado. Fue en marzo de este año cuando la Airef certificó que no era necesario aplicar la cláusula de cierre prevista para que, en caso de desvío significativo, se aumentarán automáticamente las cotizaciones sociales para compensar el déficit detectado. El Gobierno consiguió aprobar, pero con quejas del propio examinador, la Airef, a quien no gustó la fórmula de cálculo que le marcaron el Gobierno español y la Comisión Europea; que, al aprobado, añadió un asterisco con sus avisos sobre el empeoramiento de la sostenibilidad de las pensiones. Ahora tocará pasar un nuevo examen dentro de dos años, aunque el Gobierno, por presiones de Bruselas, pidió un nuevo test antes de junio del 2026, examen que la Airef no parece muy dispuesta a acometer.

Y ahora continuemos con los avisos. La OCDE apunta dos cálculos de futuro a tener muy en cuenta. Alerta que España se convertirá en el país que más gaste del PIB para pagar pensiones en el 2050, un 17%; estimación criticada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social por incluir datos desfasados; y también avisa de la reducción progresiva del número de trabajadores por pensionista. Una de las recetas que plantea es ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión. La última reforma situó el plazo en 29 años, pero eliminando los dos peores, un objetivo que se alcanzará de forma progresiva. Insuficiente para la OCDE.

La OCDE avisa y Bruselas vigila, pero hay un elemento a tener en cuenta para interpretar las señales que llegan desde la Comisión Europea. Fieles a la misión que tiene encomendada, lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es la sostenibilidad del sistema, que cuadren los números. Lo que, en cambio, es un elemento secundario para ellos es la satisfacción que reciban los ciudadanos. No es que lo ignoren, pero no es su prioridad.

Por ejemplo, En Bruselas estaban encantados con el factor de sostenibilidad de las pensiones del PP que debía aplicarse en el 2019, y que vinculaba su cálculo a la esperanza de vida, para garantizar la viabilidad del sistema ante el aumento de la longevidad. Un mecanismo, sin embargo, que después de varios retrasos y modificaciones, fue suspendido. Claro que gustaba en Bruselas. Con este factor, las cuentas cuadraban perfectamente. El problema es cómo de arrasada dejaba la paga a los jubilados.

Una de las discusiones se centra en la indexación de todas las pensiones no con la esperanza de vida, sino con la subida de los precios, lo que garantiza el poder adquisitivo, pero supone un alto precio para las arcas del Estado. Se insiste en el “todas” porque es un elemento clave del debate, con algunas voces que apuntan que podría limitarse este aumento, dejando fuera a las pensiones más altas. Esto fue especialmente significativo en el 2023, cuando todas las pensiones, también las máximas, subieron un 8,5%, para mantener el poder adquisitivo después de la espiral inflacionista del año anterior. Aumento muy superior al que experimentaron los salarios, que se quedaron en el 3,7%.

¿Lucha de clases o de generaciones? - En las pensiones siempre hay una doble discusión. Si el actual sistema de reparto es el justo y si, aceptando este sistema, hay que ponerle límites por el envejecimiento, a través de fórmulas restrictivas como ampliar los años de cálculo a los 35, como propone la OCDE, o limitando los incrementos.

Con el sistema de reparto, los trabajadores están financiando no su jubilación futura, sino la de los actuales pensionistas. Lo que prima es la solidaridad intergeneracional. Esta solidaridad que ahora está tan discutida, con acusaciones de los jóvenes a los baby boomers de acaparadores de riqueza, de la propiedad y ¿por qué no? también de las pensiones. Parece que son los culpables de casi todo. Es un terreno en el que se intuye un cierto interés en fomentar una lucha de generaciones que substituya a aquella antigua lucha de clases. Los defensores de la teoría que España no es país para jóvenes pueden encontrar argumentos en los informes del Banco de España, que apuntan que en las dos últimas décadas se ha ampliado la brecha de riqueza entre las generaciones y las de mayor edad; y también en la propiedad de la vivienda, un factor determinante de la brecha generacional.

Claro que cargar a los pensionistas las culpas parece una solución fácil, interesada y poco eficaz para hacer frente a esta brecha generacional. Reescribiendo a Hollywood, recomendemos aquello de no disparar al pensionista. Jaume Masdeu