Contó que hace tres años los inquilinos a los que alquiló su casa, una pareja con hijos, dejaron de pagar pese a que llevan un tren de vida alto. Por esa vivienda aún carga con una hipoteca de 1.200 euros. Los problemas para Joaquim empezaron al año del contrato, que se firmó en 2019. Primero, vinieron las intermitencias y los retrasos en el pago de la mensualidad. Luego, los impagos. Cuando comunicó a los arrendados que no les iba a renovar el contrato, le respondieron que no pensaban irse porque no tenían adónde.
Pero fíjense en lo dicho por Joaquim: “Él trabaja de agente inmobiliario”. “Se hicieron socios de un club de golf, uno de los hijos se apuntó a clases”. “Montaron una piscina de 9.000 litros de agua”...
El Ayuntamiento de Reus les concedió el certificado de vulnerabilidad a razón de sus ingresos familiares. Ser declarado vulnerable supone un salvoconducto vital para la gente honrada pero, desgraciadamente, también para los que no lo son, para los aprovechados. Y aunque los expedientes de propietarios se acumulan en las mesas de los abogados especializados en desahucios, situaciones como la de Joaquim están lejos de resolverse desde el sentido común. La crisis de la vivienda agrava un problema que ha entrado en un bucle.
La vulnerabilidad convierte a esos inquilinos morosos en legalmente intocables. La ley antidesahucios aprobada por la pandemia y prorrogada ya dos veces por el Gobierno central permite este tipo de ilícitos penales o civiles, que no están sin embargo definidos como tales.
Ya podía encadenarse Joaquim a la silla de la alcaldesa de Reus que, a ojos de la Administración que certifica la vulnerabilidad, solo existe una prueba válida: la de la renta aportada por el inquilino, por más pruebas que dé el arrendador en otro sentido.
Al propietario únicamente le queda la vía judicial, también costosa. Necesitas un abogado. El proceso se dilata en el tiempo. La sentencia llegará en dos o tres años. Y será en medio del caos legislativo actual, en el que colisionan el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna, y donde la Administración entendida en su concepto más amplio, sea por ideología o por inoperancia, acaba difiriendo su responsabilidad en el propietario.
Lo más atroz de este caso es que los ocupas han colgado en Booking un anuncio de la casa con la intención de alquilarla como apartamento turístico. Esto ha provocado que l’Agència Tributària de Catalunya embargue a Joaquim la nómina para cobrarle una multa de 5.000 euros.
Y mira por donde ahi tiene Joaquim la solución a su problema. Podria alquilar él la casa, su propia casa, o eso, o acudir a Desokupa, lamentablemente, la negligencia de administración local i Estatal, justifica las acciones de Desokupa. O eso o denunciar a la Agencia Tributaria de Catalunya, al ay untamiento y a quien haga falta, por inútiles e incompetentes. Resulta obvio que Joaquim no puede confiar en la Justicia, este ente abstracto que en la práctica su nombre es un oxímoron.
Imagen del anuncio en Booking de la vivienda propiedad de Joaquim en la urbanización Aigüesverds de Reus y que publicitaron los inquilinos.
Susana Quadrado en la vanguardia.
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