Este lunes Podemos y el Gobierno llegaban a un acuerdo para la regularización extraordinaria de, previsiblemente, medio millón de migrantes. En abril de 2024, los populares otorgaban su apoyo, aunque con la boca pequeña y en medio de críticas a este proceso de legalización de migrantes. “Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, defendía el líder de la oposición dejando entrever la voluntad de su partido en votar a favor de la regularización. De hecho, el respaldo fue prácticamente unánime, con 310 votos afirmativos y 33 en contra, todos ellos de Vox. Un apoyo de los populares para el que actuó como pieza fundamental la postura favorable de Cáritas a la regularización.
Sin embargo, ahora que este acuerdo ya se ha hecho efectivo, es cuando el PP da marcha atrás en su postura con sus últimos reproches al Gobierno, a quien ha acusado de emplear el pacto para tapar la tragedia ferroviaria de Adamuz, así como con las numerosas proclamas que ha ido espetando en contra de la inmigración irregular en España. Lo más reciente sucedió este lunes cuando el presidente de los populares acusó al Ejecutivo de Sánchez de “desbordar nuestros servicios públicos”, a la vez que relacionó el acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes con un intento de desviar el foco de atención del accidente de Adamuz, y también del de Rodalies de Cataluña, en el que falleció el maquinista. “Hasta 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión. Y la respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, pronunciaba este lunes Feijóo. “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba abajo”, agregaba en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

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El Gobierno desgranó ayer la letra pequeña de real decreto que permitirá sacar de la clandestinidad a decenas de miles de personas que viven irregularmente en España. La séptima regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en democracia es, gracias a la presión de Podemos, más flexible que la iniciativa legislativa popular (ILP), que llevaba meses estancada en el Congreso. Aunque el texto puede aún ser retocado.

¿Quiénes podrán acogerse? - Tanto las personas que lleven un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre del 2025 como solicitantes de protección internacional que presentaron la solicitud antes de esa misma fecha. Es decir, no solo se trata de inmigrantes económicos, sino de aquellos que han huido de sus países en guerra. El Gobierno español estima que podrán ser documentados medio millón de personas. Otros informes hablan de más de 800.000 personas en la clandestinidad.

¿También con antecedentes? - Además del requisito de la estancia, el reglamento contempla la exigencia de que no tengan antecedentes penales –sentencia firme– ni supongan una amenaza para el orden público. En este último requisito es donde se valorará si un antecedente policial constituye –o no– una amenaza para el orden que impida conceder los papeles. Un antecedente policial puede ser un arresto, precisamente, por estar en situación irregular. En ese caso no impediría acceder a la regularización.

¿Qué plazos se contemplan? - El Gobierno espera que las solicitudes se puedan empezar a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos del real decreto. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de este año.

¿Cómo se acredita la estancia? - Con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. Servirán el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

¿Qué permisos concede? - Cuando se admita a trámite una solicitud, se concederá automáticamente una autorización de residencia provisional que permitirá tanto trabajar de forma legal como acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. El permiso de residencia va aparejado a un permiso de trabajo, válido en todo el territorio y para cualquier sector.

¿Qué pasa con los menores? - La regularización protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentren también en España. En estos casos, la vigencia de los papeles será de cinco años.

¿Se paralizan las expulsiones? - Una de las claves del pacto es que en el momento que una persona presente la solicitud de regularización quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre ella.

¿Concede el derecho a voto? - El permiso que concederá la regularización no da derecho a votar en las elecciones generales o autonómicas, pese a que por las redes sociales corría ayer como la pólvora, denuncias de “amaño electoral” por el supuesto apoyo de los beneficiados a Pedro Sánchez. La ley electoral recoge que tienen derecho a sufragio los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral. Y para ello es necesario la nacionalidad. Regularizar no es nacionalizar. Para lograr la nacionalidad por residencia es necesario la estancia de forma regular en España durante un periodo de diez años. En las elecciones municipales sí tienen derecho a sufragio activo aquellos extranjeros cuyos países de origen permiten votar a los españoles en sus comicios.

¿Provocará efecto llamada? - El Partido Popular ha esgrimido que su rechazo a la medida radica en el efecto llamada que puede provocar que miles de inmigrantes se animen a venir a España en busca de papeles. En el Gobierno aseguran que no existe tal efecto “cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes”. “Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan a personas. Regularizar es cortar ese negocio”, defienden fuentes del Ministerio de Migraciones. Joaquín Vera Romero