ESCUCHAS PRIVADAS

 

¿Hay que difundir llamadas privadas sin relación con el objetivo de la investigación?. Esta pregunta se la hace Gloria Serra a raíz de la difusion de conversaciones privadas por parte de la Guardia Civil en la Operación Voloh. Plantea un dilema ético muy interesante,  tan interesante como inútil, precisamente la difusión de conversaciones privadas és lo que persigue la Guardia Civil, que se difundan para perjudicar a los independentistas en la sombra del procés. Cuando hablamos de policia patriótica y cloacas del estado no hay que buscar ética ni nada que se le parezca.

¿Hay que difundirlas? ¿Deben comentarse y denunciarse siendo llamadas privadas sin relación con el objetivo de la investigación? Ninguno de nosotros resistiría el escrutinio público de nuestras conversaciones más privadas, en las que nos desahogamos con amigos y familiares soltando pestes que nunca diríamos en público o ante extraños. Pero una cosa es malhablar de la pareja, el jefe o un amigo y otra, explicar en voz alta un comportamiento inmoral o ilegal que encima afecta a dinero público o el funcionamiento democrático de las instituciones.

En la prehistoria, 1989, la policía, investigando un caso de narcotráfico que afectaba al hermano de un concejal del PP de Valencia, Salvador Palop, destapó accidentalmente la posible financiación ilegal del partido. Diversos populares fueron procesados, como el presidente del PP en Valencia y el tesorero, Rosendo Naseiro. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, al ser aforados muchos acusados, fue archivado porque las escuchas telefónicas solo habían sido autorizadas para investigar el narcotráfico y no la financiación ilegal. Las cintas de las conversaciones fueron destruidas.

Hace 30 años, además de la parcialidad o no del Supremo, ya surgió el debate de si las conversaciones privadas entre personas investigadas por cualquier sospecha pueden o no ser difundidas y convertirse en motivo de una nueva causa judicial. Quizá la respuesta más intuitiva es que depende de si nos toca o no de cerca ideológicamente. Se está viendo estos días. Medios de comunicación y partidos que en algunos casos hablan de linchamiento y de invasión de la intimidad ponen ahora el altavoz en las cintas de la operación Voloh. 

Recordemos que en este caso, que aspiraba a demostrar el desvío de fondos públicos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, el mismo juez instructor precisa que la Guardia Civil no ha conseguido acreditar los delitos y lo fía todo a los registros y los interrogatorios. Pero eso ya no tiene importancia, el foco informativo se ha instalado en escuchar cómo los investigados, sobre todo Xavier Vendrell y David Madí, hablan sin tapujos de enemigos políticos, del control de TV3 o de sus negocios con la administración pública utilizando influencias, presiones o amenazas entre más jugosos detalles.  Que haya intencionalidad reprobable en las grabaciones y en la difusión no puede esconder el hedor de corrupción y porquería que desprenden muchos teléfonos de los patriotas procesistas.