¿CUÁNTO CUESTA, DE VERDAD, UN MENA?

Esta semana ha aparecido en Madrid un cartel con este texto, "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros al mes". Un mena nos cuesta 4.700 euros al mes. Sí, y en algunos casos mucho más. Y eso mismo nos cuesta un menor no acompañado español. 

Comentaba el otro dia a raíz de este cartel de VOX, que la extrema derecha es capaz de detectar los problemas pero incapaz de aportar soluciones, se queda sólo en la punta del iceberg, y precisamente en este asunto de los Menas no andaban tan desencaminados en su denuncia. En este artículo Lucía Etxebarria, analiza el conglomerado de centros de protección dem menores de España, y el resultado de este análisis es más que preocupante. Con los Menas tenemos un problema, un serio problema que nadie tiene ningún interés en resolver, ni la derecha ni la izquierda.

En España hay 1.104 centros de protección de menores. El 82% están manejados por entidades privadas. A raíz de la ley del menor de 2000, que permitió privatizarlos, surgió un "entramado empresarial alrededor de los menores", en palabras del abogado José Antonio Bosch. "Un modelo que mercantiliza a los niños". Es decir: múltiples asociaciones sin ánimo de lucro que cobran por gestionar estos centros.

El escándalo de las menores en Baleares, que se prostituían por unos zapatos; o de la niña abusada por el educador social que debía protegerla, que casualmente era entonces el marido de la presidenta (de izquierdas) de una comunidad, y cuyo caso se encontró con miles de trabas y obstáculos para ser denunciado por parte de la Administración, representan la punta de un iceberg: ya en 2009 Julio Rubio, educador social y escritor, avisaba de que las menores en centros de acogida "pagaban" a los encargados de su custodia con favores sexuales, a cambio de un mejor trato y/ o permisos para salir del centro.

Desde la aprobación de la ley del menor de 2000, varias empresas y entidades se han llevado calentitas las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores. Empresas que se han enriquecido porque la Administración se desentendía de la supervisión y cuidado de los menores. En abril de 2008, por ejemplo, se adjudicaron 300.000 euros mensuales por contrato a la empresa Levantina de Seguridad, para que se ocupase de la vigilancia de dos centros de acogida destinados, principalmente, a menores extranjeros no acompañados. ¿Y quién se llevó el sustancioso bocado? Pues José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2000. Un ciudadano que llamaba a «luchar contra la invasión de los inmigrantes musulmanes que representan un peligro, una pérdida de nuestra identidad y de nuestra seguridad», mientras se suponía que debía proteger, precisamente, a menores migrantes musulmanes.

Si esto no les prueba que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores un gran pastel a repartir, sin que les importe mucho ni poco el bienestar de esos menores, es que ustedes son muy escépticos. La residencia universitaria Palacio de Barradas, una de las más caras de Madrid, ofrece a sus estudiantes alojamiento en habitación individual y pensión completa por 1.070 euros al mes. ¿Cómo puede ser que alojar a un menor en un espacio mucho menos lujosos, en dormitorios comunitarios, y con una comida de batalla, cueste cuatro, cinco veces más que eso? Sí, vale, en los centros de acogida hay seguridad y educadores, me dirán ustedes. Pero es que los educadores no están precisamente bien pagados. Cobran unos 15.000 euros al año.

Cuando el cuerdo señala la luna, el loco mira el dedo. A nadie le interesa hablar del escándalo que supone que se mercantilice con menores en situación de extrema vulnerabilidad. Lo que importa a la derecha es que el 30% de ellos sean marroquíes. Y lo que le importa a la izquierda es que el dinero no les llega directamente al bolsillo de los menores. Pero está claro que lo que no le importa a ningún partido son, precisamente, los menores vulnerables.