AISHA

Aisha junto a miembros de la asociación ALA que la han apoyado a la puerta de los juzgados. 

• Detenida por no tener papeles el día de su juicio por despido improcedente - La joven marroquí había demandado al asador para el que trabajaba tras ser despedida cuando sufrió la amputación de un dedo por un accidente laboral.

1. Los trabajadores extranjeros deben gozar de protección laboral aunque no tengan permiso para trabajar en España, pero su situación irregular los expone a más abusos.

Cuando Aisha cruzó el Estrecho en septiembre de 2015, le esperaba un año para encontrar empleo. Sufrió una serie de abusos que culminaron en un despido tras un accidente laboral, según denuncia la joven marroquí y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA).

Este martes se ha celebrado el juicio por despido improcedente contra la empresa para la que trabajó, un proceso que quedó suspendido después de que la detuvieran en el juzgado por su situación irregular.

En julio de 2016, Aisha empezó a trabajar en un asador de la localidad madrileña de Galapagar. Sus condiciones laborales no incluían alta en la Seguridad Social y su jornada era de cuatro horas diarias de miércoles a sábados, y tres horas los domingos. Por ello cobraba 380 euros al mes, o lo que es lo mismo, cinco euros la hora.

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que ayuda a inmigrantes a conseguir los papeles

En octubre de 2016, mientras trabajaba en la cocina del local, sufrió un accidente laboral que le provocó la amputación del dedo anular de la mano derecha. Tres días después, fue despedida, según la asociación de letrados. Aisha optó por denunciar a la empresa por despido improcedente.

Pero el día del juicio, el pasado 2 de febrero, la joven fue detenida por la Policía Nacional, que procedió a la apertura de un expediente sancionador por encontrarse en situación irregular. La jueza, de acuerdo con la versión de ALA, "ordenó llamar" a los agentes después de que la joven marroquí se negara a aceptar el acuerdo de conciliación por el que la empresa le ofrecía 3.000 euros.

"Aisha no acepta el ofrecimiento por insuficiente y porque una sentencia en la que quede acreditado su trabajo puede ayudar a conseguir su residencia legal", recalca la asociación de abogados. " La sorpresa viene cuando la titular del Juzgado le insiste en que acepte la conciliación pues, en caso contrario y dado que no tenía permiso de trabajo, llamaría a la Policía", añade. 

Según critica ALA, el hecho de que una trabajadora migrante que desea defender sus derechos laborales ante la justicia acabe detenida por su situación administrativa es "algo impropio de un Estado de derecho".

Este martes se ha retomado el juicio contra la empresa, suspendido en aquel momento por la detención de la mujer. Varios miembros de ALA han acudido a las puertas del juzgado "en solidaridad con Aisha y con todas las personas trabajadoras emigrantes que defienden sus derechos". La vista se ha desarrollado con normalidad y queda pendiente de que la jueza dicte sentencia.

"Empujadas a una marginalidad total"

La asociación califica de "muy grave" la situación de Aisha, y recuerda que "los trabajadores extranjeros, aunque carezcan de los permisos necesarios, tienen los mismos derechos laborales, a indemnización, salarios, protección social, etc. que los demás".

El 16 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo concluyó que esa protección debía garantizarse también a los trabajadores extranjeros "aun cuando carezcan de autorización para prestar servicios en España pero, pese a ello, los han venido prestando efectivamente". 

Vilma Benel, abogada de ALA, asegura en una conversación con eldiario.es que  se encuentra "cada día" con casos de abusos laborales sufridos por migrantes irregulares, aunque reconoce que existen pocos datos que den luz al sobre ellos.

Estas personas  "son empujadas a una marginalidad total", apunta Marcelo Belgrano, coordinador del servicio de orientación jurídica de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. "No pueden acceder al sistema sanitario y no pueden trabajar, y si lo hacen, se enfrentan a sanciones económicas muy altas, tanto el empleador como el empleado", explica. 

Otros expertos consultados por este medio coinciden en señalar que las personas en situación irregular que encuentran empleo "no cotizan, el número de horas suele ser desproporcionado con los que se recogen en los convenios colectivos, y en general, los salarios son menores".

Dos años trabajando gratis a cambio de 'papeles'

La historia de Aisha es una muestra de cómo la vulnerabilidad a la que se enfrenta el colectivo de migrantes irregulares les fuerza en numerosas ocasiones a no denunciar situaciones de violación de derechos, explotación laboral y precariedad por el temor a perder el empleo.

El último informe anual de la Federación de SOS Racismo recoge quejas de ciudadanos que sufren discriminación y abusos laborales por su condición de inmigrantes, ya sea en situación administrativa legal o no. Por ejemplo, el de una usuaria que asiste a la ONG tras acudir a una entrevista de trabajo para servicio doméstico en la que "le realizan preguntas sexuales y le intentan realizar tocamientos".

Aunque la mujer "no se atreve a denunciar" por la vía legal "para no tener problemas", decide dejar constancia de lo ocurrido y además asegura que "no es a la primera chica que le ocurre con este mismo empleador". Desde la organización intentan que "alguna de ellas denuncie, pero su situación de irregularidad hace que no se atrevan".

Los abusos laborales también han marcado la historia de Ana –nombre ficticio, ya que prefiere preservar su identidad– que llegó desde Nepal junto con su actual marido. Ambos tuvieron que huir de su país porque su relación no era aceptada socialmente, ya que Ana pertenece a una casta alta y él a otra inferior.

Después de sufrir el rechazo de las familias y agresiones que casi le cuestan la vida a su pareja emprendieron un viaje hacia Europa. Fueron estafados por unos traficantes que les aseguraron que podrían llegar a Polonia para estudiar en la universidad. Sin embargo, llegaron a una zona rural polaca donde fueron obligados a trabajar en el campo diariamente.

De nuevo tuvieron que huir, esta vez a España, "escondidos en un camión de champiñones", relata Ana al otro lado del teléfono. "Después alquilamos una habitación, pero como no teníamos dinero, acudimos a la Cruz Roja y nos pusieron en contacto con CEAR para pedir asilo político", recuerda la joven.

El Espai Mescladís, en Barcelona. FABIOLA BARRANCO

La pareja tenía claro que debían aprender el idioma, adquirir formación y lo más importante, regularizar su situación en el exilio. Tras hacer un curso de ayudante de camarera en Mescladís –un proyecto de economía solidaria y sostenible, que promueve la formación y acceso al mercado laboral de personas migrantes en Barcelona–, pasó al periodo de prácticas en un hotel de la Ciudad Condal.

"Allí conocí a un señor que me dijo que trabajaba muy bien y que me iba a enviar a un lugar donde me iban a ayudar a conseguir 'los papeles", señala. Aquel lugar prometido era un bar barcelonés donde Ana pasó más de dos años y medio trabajando sin cobrar, seis días a la semana, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Unas condiciones laborales abusivas "a cambio de 'los papeles".

"Para mí era lo más importante, sin ellos no tenemos opciones de futuro. No había otra manera de conseguirlos, además nos denegaron la petición de asilo", explica. Finalmente, aunque consiguió regularizar su situación, cambió de empleo y volvió a Mescladís, donde en la actualidad trabaja con condiciones dignas. "Ahora estamos muy contentos, pero hemos sufrido mucho". - eldiario.es