EL CASO CARRASCO

 

El juzgado penal 25 de Barcelona ha absuelto a Tamara Carrasco, que estaba siendo juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos. No ha quedado acreditado que la acusada enviara el audio a nadie más aparte de su grupo de amigos ni que el difundiera a través de la aplicación WhatsApp. Tampoco se ha probado que ejerza funciones de coordinación de los Comités de Defensa de la República, los CDR.

La detención, confinamiento, juicio y finalmente absolución de la joven Tamara Carrasco pueden servir de ejemplo para entender que algunas actuaciones policiales no solo no combaten el independentismo, sino que le dan más munición y de la buena. La joven fue detenida en abril del 2018 por orden de un juez de la Audiencia Nacional a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía, acusada de terrorismo y rebelión. Se le acusaba de haber difundido en las redes sociales un audio donde narraba acciones que iban a protagonizar los Comitès de Defensa de la República. Fue detenida en su casa y los agentes se llevaron un pito y caretas de Jordi Cuixart, uno de los líderes condenados por el Supremo.

Trasladada a Madrid, el juez decidió confinarla en su casa de Viladecans hasta la celebración del juicio. Carrasco se pasó dos largos años sin poder salir de su término municipal. Cuando llegó finalmente la hora del juicio, en septiembre del 2020, este se celebró en un juzgado de instrucción de Barcelona y entonces la Fiscalía decidió acusarla de un delito de “distribución o difusión pública de consignas que incitan a la comisión de un delito de desórdenes públicos”. La acusación de terrorismo se cayó por el camino.

Ayer, se conoció finalmente la sentencia que la absuelve de todas las acusaciones. El fallo deja claro que no está probado que Carrasco “distribuyera o difundiera públicamente el mensaje de WhatsApp” y afirma que “tampoco queda acreditado que el mensaje fuera distribuido o difundido públicamente, ni siquiera por terceros”. Entra en más críticas sobre la actuación policial, hablando de una actuación deficiente de la Guardia Civil, pero no hace falta extenderse.

Lo que queda claro es que durante dos largos años, el caso de Tamara Carrasco ha estado presente en los medios. Parte de la prensa la ha acusado de terrorista y se ha recordado su vinculación a Podemos porque fue en una lista electoral afín. Por el contrario, en otros ha sido exhibida como una mártir de la causa independentista durante todos estos años. Una mala praxis policial puede provocar el efecto contrario del que se buscaba, y no es el caso de Tamara el único, que por cierto tiene a Adrià Carrasco en el exilio acusado del mismo no delito que ella.

Esta historia lo que demuestra es que la arbitrariedad con respecto a Catalunya es desde hace tiempo una característica del trabajo de los tribunales españoles. El 10 de abril de 2018 Tamara Carrasco, miembro del CDR de Viladecans, fue detenida en una acción espectacular de la guardia civil. Fue acusada de ser "miembro de una organización terrorista", y su "caso" fue pasado al tribunal competente para terrorismo, la Audiencia Nacional. En un registro en casa de Tamara Carrasco sólo se encontraron como "material de cargo" un silbato amarillo y una máscara con la cara de uno de los activistas encarcelados, Jordi Cuixart (que, por cierto, circulaban a cientos). 14 meses más tarde, y después de que la responsabilidad se la hubieran quitado de encima varios tribunales de Madrid y Barcelona, ​​se comunicó a Tamara Carrasco, casi a escondidas, que ya podía ir allí donde quisiera. Ninguna justificación, ninguna excusa. Nada de nada. Esto es interpretado en el sentido de que todo ello sólo fue un intento de intimidar a los CDR. Le tocó a Tamara Carrasco, como chivo expiatorio, como le hubiera podido tocar a cualquier otro miembro de los CDR. Y luego aún  no en tienen en Madrid porquè cada vez aumentan los independentistas.