'LAWFARE'

Decía Richard Evans que la idea de que en la historia nada sucede por azar y de que todo lo que ocurre es el resultado de las maquinaciones perversas de grupos malignos que manipulan el mundo entre bambalinas es tan vieja como la historia misma. Por eso hay quien sigue creyendo que Hit­ler escapó con vida del búnker de la Cancillería y envejeció en algún lugar de Sudamérica, que el hombre no llegó a pisar la Luna y que los extraterrestres suelen celebrar sus pícnics en Nevada y Nuevo México. Recuerden lo bien que funcionó el pensamiento conspiratorio en los tiempos del senador McCarthy, aquel tipo que creía ver comunistas ocultos en todos los sectores de la sociedad, que sumió a Hollywood en el terror y que, entre otras proezas, consiguió amargarle la vida a la maravillosa Billie Holiday. Aquella mujer que cantaba a la extraña fruta colgada de los árboles sureños, y que no era otra cosa que un negro linchado en “la tierra de los libres y el hogar de los valientes”.

Eso es aún más cierto hoy en día bajo la tiranía de las redes sociales, donde las teorías de la conspiración prosperan gracias a la influencia menguante de quienes solían actuar como porteros de la opinión: los editores de prensa y los analistas fiables. El territorio, en fin, donde se relativizan los límites entre la realidad y la falsedad –tal como evidencia el trumpiano y perverso concepto de los hechos alternativos – y el modelo de éxito son sujetos de escasa inteligencia convencidos de que solo una combinación de mala suerte y de las artimañas de otros les ha privado de ocupar los escalones más altos de la cadena alimentaria.

Les digo esto al hilo de la frecuente mención en estos días de términos como Estado profundo (deep State) y guerra legal o lawfare, un sistema de persecución política consistente en la utilización abusiva de procedimientos judiciales con el fin de destruir o neutralizar al adversario. Como habrán oído, se trata de conceptos esgrimidos principalmente por el entorno de Puigdemont, a propósito de cómo deberían concretarse las personas beneficiadas por una ley de amnistía.

Cuando veo movimientos extravagantes en el CGPJ, empieza a convencerme el argumento de Puigdemont. Porque, desde el punto de vista de Puigdemont, la amnistía no solo debería alcanzar a los acusados por delitos de clara naturaleza política, sino también a otros muy alejados de este contexto pero cometidos por imputados pertenecientes al mundo procesista. Ya saben a qué me refiero, pero básicamente se trataría de prevaricaciones con intención de beneficiar ilegalmente a terceros, tráfico de influencias con ánimo de lucro, blanqueo de capitales, falsedades documentales y delitos contra la hacienda pública.

La idea es que ninguno de ellos habría sido jamás procesado ni, aún menos, condenado, si no fuera por su estrecha vinculación con el procés o su identificación pública con los objetivos independentistas. Es decir, que el Estado profundo, una serie de sujetos poderosos, pero no identificados, puso en marcha un fenómeno de ofuscación legal, que no fue más que una herramienta que utilizaron deliberadamente esas élites turbias con la connivencia de sectores adictos de la judicatura y que se materializó en la persecución desmesurada de individuos concretos vulnerando los principios de igualdad ante la ley y de prohibición de la arbitrariedad.

En condiciones normales les habría dicho que la tesis puigdemontiana no me gusta. No son pocos los políticos populistas que se refieren a la necesidad de destapar los complots y frustrar las conspiraciones de ese deep State que Boris Johnson describió una vez como “la gente que verdaderamente dirige el país”. El Estado profundo ya era un concepto conocido en la Turquía de Erdogan mucho antes de que fuera adoptado por Trump y más tarde por Bolsonaro, Netanyahu y ese tipo de gente que cree (Erdogan dixit ) que “la democracia es como un tranvía. Te montas en él hasta que llegas a tu destino y luego te bajas”, lo que me inspira escasas simpatías.

Pero también es verdad que no todas las teorías conspirativas son fruto de la paranoia o el oportunismo. Sin ir más lejos, ahí tienen el caso Watergate. Por eso, cuando en plena negociación sobre la ley de amnistía veo algunos movimientos extravagantes en el CGPJ y resoluciones judiciales que sacan de la chistera el socorrido conejo del terrorismo o se coordinan temporalmente con una sincronización más que sospechosa, miro atónito mi propia cara en el espejo y no la reconozco: empieza a convencerme, mal que me pese, el argumento de Puigdemont.- Javier Melero, en la vanguardia.