RAZONES PARA UNA AMNISTIA

El escritor Benito Pérez Galdós nos envió una recomendación a los españoles del futuro. La encontrarán en 'El equipaje del rey José', la primera novela de la segunda serie de este gran friso narrativo que son los Episodios Nacionales. Galdós escribe: “Escuche, por favor, el mensaje que mandan los muertos: reconocimiento, reconstrucción y perdón”. Empecemos por el “reconocimiento” y la “reconstrucción”. Y hablemos claro, por qué no, de lengua nación y autodeterminación.

Joaquin Urias habla de la legitimidad constitucional de la amnistía, concepto que avala también al letrado Javier Melero gentes sospechosas de procesista. O sea para que quede claro, la amnistía es legal, posible y plenamente constitucional, es más se pueden tomar dos decisiones, amnistiar con efectos retroactivos en el pasado, o amnistiar con efectos fino y en el futuro, que no creo sea el caso. Claro que todo esto depende de un Tribunal Constitucional español que precisamente es inconstitucional, aunque ahora esté 7 a 4. De la generosidad y sentido de Estado de Cándido Conde Pumpido, depende la resolución del conflicto.

"Este artículo no lo leerá ninguno de aquellos españoles de bien que se indignan en las redes sociales contra la amnistía. No hace falta leer argumentos ni debatir porque hace tiempo que su único argumento es emocional, no lógico. En general, quien sólo defiende lo propio es mal compañero de charlas.Es aburrido.Su interés es defender un resultado y le da igual cómo se llegue.Así que todo es inútil con él.Y de éstos cada vez hay más.Vivimos en una sociedad de hooligans que conocen de antemano su posición a cualquier discusión, así que se está perdiendo el placer de la discusión.

Por eso, a pesar mío, he de empezar justificándome: no soy catalán, no tengo el sentimiento identitario de esta tierra y, además, no apoyo la independencia de Catalunya. Como andaluz, creo que unidos en la diversidad seríamos todos más fuertes. Y, aun así, estoy honestamente convencido de que los líderes catalanes independentistas se les ha sometido a una persecución ilegal que ha roto todos los límites del estado de derecho y nos acerca al autoritarismo.

Es algo que he defendido en público desde el 2017, así que no se trata de un análisis que responda a simpatías con ningún partido político que necesite un voto u otro en el Parlament para acceder al poder. Es, en mi opinión, simplemente la consecuencia de creer radicalmente en el estado de derecho y la democracia, más allá de intereses individuales. Hace seis años, en el 2017, como ciudadano con cierto cariño por los derechos humanos que soy, no entendí que el Gobierno mandara batallones de policías a vapulear a los ciudadanos que masivamente participaban en un acto de protesta pacífico, aunque yo no lo compartiera.

Como jurista, también me pareció un despropósito que nada menos que el Tribunal Constitucional prohibiera expresamente a organizaciones civiles catalanas organizar un acto simbólico por el que quien quisiera podía introducir un papel en una caja de plástico transparente. Ciertamente, entiendo que era un desafío al Estado y que podía tener consecuencias políticas. Pero no creo que los tribunales estén por prohibir los retos políticos populares. Después de aquella batalla campal y de las tristes imágenes de niños y ancianos golpeados por llevar una papeleta en la mano pensé que alguien del Gobierno o de quien diera la orden dimitiría. En su lugar, se inició una persecución judicial contra sus líderes políticos que se saltó repetidamente las reglas del derecho.

Los jueces del Tribunal Supremo, que asumieron el asunto sin tener competencias para ello, utilizaron la prisión provisional como sanción ejemplarizante, más allá de los tres supuestos en los que lo permite la Constitución. Sin justificación legal alguna, incluso llegaron a encarcelar a un acusado en medio de un debate de investidura para que no resultara elegido presidente de la Generalitat. Todo esto me pareció un uso político, y, por tanto, ilegítimo, de los tribunales.

Después, el grupo de líderes elegido para el castigo fue condenado a penas desproporcionadas, a menudo por delitos inventados. El Tribunal Supremo se inventó un concepto de sedición que se aparta de la letra del Código Penal, que nunca había sido utilizado, ni antes ni después y que permite castigar con decenas de años de cárcel a cualquiera que organice actos de protesta que se puedan calificar de desobediencia civil pacífica. Entonces no tuve duda de que no se estaba aplicando la ley, sino que los jueces actuaban como justicieros, independientemente de la letra de la ley.

Por si tenía alguna duda, pasado un tiempo, cuando el Parlamento reformó el delito de malversación, por el que también habían sido condenados, incluso en ausencia de pruebas determinantes, el Tribunal Supremo le plantó cara a la voluntad popular expresada por las Cortes y decidió que no aplicaría la ley, porque entendía que podía beneficiar a esos mismos líderes independentistas.

A menudo parece que la separación de poderes es sólo una garantía de la independencia judicial, pero no es así. La democracia también se sustenta que los jueces se sometan al imperio de la ley y no desempeñen, sin legitimidad, el papel del legislador. Así que en cuanto al desafío independentista catalán tenemos un poder judicial que ha invadido las competencias del legislativo, que se niega a aplicar la ley y que actúa con total desprecio a la Constitución. Como hace años que en España no tenemos Tribunal Constitucional, sino una corte política vendida al partido que mande, ya que nada de eso se pudo remediar.

Por eso estoy a favor de la amnistía. Porque es la única manera por la que el parlamento elegido democráticamente puede recuperar la primacía que le corresponde al Estado democrático, frente a unos jueces que usurpan las funciones. Volver a situar a la ley como máxima expresión de soberanía y mecanismo de dirección política de la sociedad.

Es más, si la amnistía se limita a los delitos de desobediencia, malversación de caudales y sedición no implicará dejar libre a ningún delincuente. Porque es difícil saber si son delincuentes cuando los jueces se han inventado los delitos por los que les condenaron. Por eso tampoco habrá problemas de igualdad en la comparación con otros activistas condenados a otros lugares, ante los que no se abusó de esa manera del poder de los tribunales.

Éstas son mis razones, políticas, para la amnistía.

Entiendo que los partidos políticos de “Estado” no pueden decir esto. Reconocer en público que, en este asunto, el Tribunal Supremo ha actuado fuera de la ley y guiado por las ideas y creencias políticas supone deslegitimar la cúspide de uno de los poderes del Estado. Soy muy consciente de los peligros de esta deslegitimación y entiendo perfectamente a tantos compañeros que en privado coinciden con mi análisis, pero nunca lo dirán en público.

Aunque el Tribunal Supremo español es un órgano de designación discrecional, al que los magistrados acceden por nombramiento no motivado de un órgano tan político como el Consejo General del Poder Judicial, toda la estructura del sistema se sostiene en su ficción jueces independientes e imparciales que juzgan con sometimiento a la ley. Una ficción que comprendo que tantos juristas responsables no quieran poner en cuestión, a pesar de la evidencia.

Así que estoy de acuerdo en esquivar elegantemente el tema y recurrir a alguna paráfrasis ambigua. La amnistía, así, servirá para llevar al terreno de los tribunales lo que siempre tuvo que resolverse en el de la política. Personalmente, no creo que el movimiento independentista catalán siempre tenga razón ni en sus fines ni en los medios que utiliza. Creo que el respeto a las minorías debe guiar cualquier acción política, y que tenemos la obligación de buscar soluciones flexibles en las que todas las personas y todos los territorios se puedan sentir cómodos en un espacio común diverso. Pero no es necesario apoyar al independentismo para defender la democracia y el estado de derecho.

Ojalá se apruebe una ley de amnistía, que se haga con el alcance y la justificación necesarias para evitar una declaración de inconstitucionalidad y que esto sirva para superar el conflicto que se vive en Catalunya. De paso, también servirá para devolver el poder al parlamento democrático, que no es poco"