Ejercer sobre un territorio una extorsión violenta para forzar el desalojo y plantar un nuevo desarrollo urbanístico es un clásico tan rutinario en la España yonqui del ladrillo que tiene hasta un icono pop que lo encarna: el barco de Chanquete. Eso, tan parecido a lo que ha ocurrido en Palestina durante décadas es lo que ocurre en la Cañada Real desde octubre 2020, cuando se interrumpió el suministro eléctrico. - Pedro Vallín.

La Cañada Real, que nació como un gigantesco asentamiento, hoy consolidado en barrio, que se extiende 14 kilómetros por el sureste de Madrid, enfrenta su cuarto invierno sin luz. La Cañada y su desarrollo desregulado a lo largo de décadas no es un crecimiento urbano extraño y, de hecho, la conversión de favelas y campamentos de trabajadores en barrios fue, durante los siglos XIX y XX, el modo más común de aparición de los barrios de extrarradio en grandes capitales. 

Por eso, Cañada Real, salvo en enclaves muy concretos, ni es el infierno de narcotráfico que se ha caricaturizado ni está compuesta exclusivamente por edificaciones precarias. Las infraviviendas y chabolas suponen un 20% del suburbio, aunque en algunos sectores son más del 30%, y las viviendas de construcción suponen aproximadamente el 51%. La anomalía de Cañada Real es haber entrado en el siglo XXI en unas condiciones de alegalidad tales cual si aún fuera un asentamiento efímero de migrantes, como las colinas de chavolas de trabajadores portugueses que se extendían extramuros del París de principios del siglo XX. Lo anómalo es que la Cañada Real quedase fuera del proceso de remodelación y regularización urbana de 1979 al que sí se incorporaron arrabales entonces similares como Villa de Vallecas o áreas de absorción de Hortaleza y desde entonces la administración no haya subsanado esta situación.

El barrio quedó sin luz a la vez que se reactivaban los grandes planes de desarrollo urbano que lo rodean. La desconexión eléctrica que padecen los sectores 5 y 6, situados en el extremo sur del vecindario –provocada en un primer momento, según las administraciones, por los picos de consumo que ocasionaban en una red muy vulnerable plantaciones de marihuana ocultas en naves industriales–, supone, pese a tratarse de hogares conectados a la red pero en su gran mayoría sin contrato ni contador, una “flagrante violación de los derechos humanos” que ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo y hasta nueve relatores de Naciones Unidas. Un informe del departamento de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III concluye que “la situación de la Cañada Real Galiana no es únicamente una emergencia humanitaria, sino que se trata de una verdadera crisis de derechos humanos (...) por una disputa competencial entre las diferentes administraciones”. El informe constata, además, el desamparo en el que la Comunidad de Madrid, responsable competencial de su tutela, mantiene a los niños y adolescentes que habitan allí.

La Plataforma Cívica Luz Ya, que coordina las acciones de los vecinos y otras organizaciones que trabajan en la Cañada y que ha activado acciones legales, sociales y políticas para la restitución del suministro, también dispone de un peritaje del centro Sir[a], especializado atención a supervivientes de violencia política, vulneraciones graves de derechos humanos, malos tratos y torturas, sobre los efectos de los tres años de apagón en la salud mental de los vecinos. 

Este informe fue consecuencia de la minimización por parte de las administraciones de los efectos de la situación de la Cañada Real y sus conclusiones estremecen: “Casi la mitad de las personas entrevistadas afirman necesitar atención en salud mental: el 90,2% siente tristeza de forma habitual; el 82,7% siente rabia por la sensación de injusticia, impotencia y discriminación; y el 68,2% experimenta miedo por no saber qué pasará con su casa, su salud, su futuro y el bienestar de su familia”. El informe destaca que “un 15,7% tiene ideas de suicidio de forma continuada, vinculadas directamente con la falta de suministro eléctrico”.

El informe de Sir[a] también se centra en el impacto en niños y adolescentes y alude a “aumento de catarros, menor descanso o peor alimentación”. Y añade: “Casi la totalidad de las personas adultas perciben la aparición de tristeza, miedo, nervios y cansancio en los niños, niñas y adolescentes que viven con ellas”. 

La Cañada siempre ha sido un enclave controvertido por su situación de alegalidad, por la eventual delincuencia y por la pobreza –que en los sectores 5 y 6 afecta al 91% de los hogares–, una herida sangrante en el costado derecho del Gran Madrid, a apenas una docena de kilómetros de la Puerta del Sol. Pero la situación nunca había llegado a los extremos de vulnerabilidad y violación de derechos humanos que se ha alcanzado en los últimos tres años.

El pasado jueves se presentó otro estudio, interesado por la Comunidad de Madrid y realizado también por la Carlos III, centrado en suministros y pobreza energética. El trabajo de Jorge Martínez Crespo, Fernando Hernández Jiménez y Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando ha registrado en el interior de los hogares del sector 6 temperaturas de solo 4º en invierno y más de 40º en verano –pura intemperie–. En sus conclusiones señala que “si el problema de la sobrecarga de la línea es el motivo de la desconexión (...) no parece justificable que dos años y medio después del corte brusco de suministro (...) no se haya implementado ninguna medida estructural que hubiera permitido devolver el suministro eléctrico”.

Es difícil eludir lo oportuno de este giro dramático de acontecimientos en la Cañada si uno examina el contorno de los sectores 5 y 6, en el lindero de los municipios de Madrid y Rivas: un gigante que había permanecido dormido durante casi veinte años, cual dragón Smaug bajo el oro de la Montaña Solitaria, se despereza a su alrededor con un colosal movimiento de tierras. Son los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, una cadena de operaciones que empiezan al sur, en Valdecarros, y se van sucediendo hacia el noreste: Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros. La crisis financiera de 2008 y el consecuente colapso del sector de la construcción suspendieron estos planes inmobiliarios, pero apenas el sector promotor ha empezado a recuperarse, ha vuelto a ponerlos en marcha con insólito entusiasmo de las administraciones.

Jorge Dioni López, autor de El malestar de las ciudades, señala la trampa del movimiento perpetuo en la que están atrapadas las grandes ciudades españolas, convertidas en desolados parques temáticos de sí mismas en los que los vecinos son un estorbo, afanadas en la construcción de asentamientos periurbanos donde alojar su propio exilio. ¿Cómo es posible que volvamos a las mismas políticas de expansión urbana que nos despeñaron por el barranco de la mayor crisis en casi un siglo? En desoladora expresión de López, porque “la resaca no funciona como vacuna, solo es un paréntesis entre dos juergas”.